Hacemos esta
publicación con el objetivo de que conozcan la verdad de la situación de la
minería ilegal en el Cauca antes de que se tergiverse la información respecto a
las empresas que trabajan legalmente en esta región. Se deja en link real del periódico
de amplia publicación nacional.
Los tentáculos de la minería
ilegal en el Cauca
Guerrilleros de las Farc, militares de la Armada, funcionarios de alcaldías
y particulares se unieron en una compleja empresa criminal. Ya van 11
capturados.
Una compleja red criminal que involucra al Frente 29 de las Farc, a
funcionarios de varias alcaldías del Pacífico caucano, integrantes de la Armada
Nacional y particulares, estaba detrás del negocio de la minería ilegal en los
municipios de Timbiquí, Guapi y López de Micay, en el Cauca.
Un operativo conjunto de la Fiscalía y las Fuerzas Militares permitió
destruir 20 retroexcavadoras que se usaban para tal actividad y capturar a 11
personas, entre ellos varios de los cerebros de esa empresa criminal.
Según la Fiscalía, el Frente 29 de las Farc aporta los dineros necesarios
para el sustento económico de las minas ilegales en estas zonas.
Una de las piezas claves del negocio era Rodolfo Cuero Molina, alias El
Gallero, quien según reveló la Fiscalía, sobornaba a funcionarios del
aeropuerto de Palmira y Guapi para permitir el paso de oro, dinero en efectivo
y partes de maquinaria con destino a las minas ilegales del Pacífico caucano en
aviones de la aerolínea Satena.
De igual manera, este hombre coordinaba el transporte de la maquinaria que
llegaría a las minas ilegales en el Pacífico colombiano, valiéndose de su
influencia en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño.
El 11 de marzo, durante allanamientos realizados por el Cuerpo Técnico de
Investigación, CTI, en Palmira, a este hombre se le encontraron documentos
relacionados con la compra de retroexcavadoras y maquinarias para minería ilegal
en Timbiquí y López de Micay.
Otro de los hechos por el que es investigado es la entrega de armas y
munición a Buenaventura Orobio Caicedo, subcomandante de la estación de la
Policía en Timbiquí, Cauca, hoy privado de la libertad en la cárcel de Jamundí por
entregar información a las Farc para facilitar el ataque del grupo guerrillero
a la estación de la Isla Gorgona.
De acuerdo con los investigadores, ‘El Gallero' era el encargado de comprar
armamento que era guardado en la casa de una de las hermanas de Orobio Caicedo
en Cali, para luego ser entregado el Frente 29 de las Farc.
Este hombre deberá responder por los delitos de concierto para delinquir
con fines de minería criminal, fabricación y porte ilegal de armas y
municiones, al igual que por el delito de cohecho por el soborno a funcionarios
de los aeropuertos de Palmira y Guapi.
Máquinas y combustible
Otra de las aristas del problema tiene que ver con la entrega de permisos
ilegales para la operación de retroexcavadoras, los cuales, en algunas alcaldías,
habrían excedido el tope permitido, hecho que llamó la atención de los
investigadores.
De acuerdo con la Fiscalía, en algunos municipios se expidieron hasta 132
permisos para retroexcavadoras, una cifra que supera lo permitido por ley, pues
en algunos casos solo se autorizan siete máquinas para operar.
En este sentido, Carlos Arpidio Montes Vásquez, otra de las personas
capturadas por el CTI el 11 de marzo en Buenaventura, sería el encargo de
infiltrar a la Fuerza Pública y conseguir los permisos ilegales para el
transporte de dicha maquinaria en camiones por vías de Dagua, Loboguerrero y
Buenaventura.
Las retroexcavadoras y otras maquinarias eran movilizadas en vehículos de
carga de la empresa Mademaz, propiedad de la familia Montes.
Las autoridades determinaron que este hombre cobraba entre 50 y 60 millones
de pesos para conseguir permisos de los alcaldes y así poder transportar
retroexcavadoras y otras maquinarias especializadas a las minas ilegales de
Timbiquí y López de Micay.
De igual forma, este hombre es señalado de ser el enlace con miembros de la
Infantería de Marina que eran sobornados para dar vía libre a los vehículos o
partes de maquinaria en los controles militares que la Armada tiene en los ríos
Timbiquí y Saija, en el Pacífico caucano.
El radio de acción de Montes incluía Buenaventura, Timbiquí, López de
Micay, e incluso El Charco, en Nariño.
En el allanamiento a una vivienda en Buenaventura, a Montes se le
incautaron elementos como equipos de comunicación, cámaras de video, CPU,
memorias USB, dos escopetas y cartuchos calibre 18, sin el permiso para
portarlas.
Por lo anterior, las autoridades le imputan los cargos de concierto para
delinquir, cohecho y tráfico, fabricación de armas y munición.
Para sorpresa de los investigadores, dentro la compleja red criminal al
servicio de la minería ilegal en el Pacífico caucano también estaban dos
oficiales de la Armada Nacional adscritos al Batallón Fluvial de Infantería de
Marina N° 42, con operaciones en esta zona.
El primer nombre que está relacionado en la organización es el del sargento
Luis Villegas, señalado por la Fiscalía de ser el encargado de recibir dinero
de los traficantes de gasolina que transportan el combustible en pimpinas para
tanquear maquinaria en los ríos Timbiquí y Saija.
La Fiscalía sostiene que se pudo establecer que toda la compañía a cargo de
Villegas se estaría beneficiando de las dádivas de los traficantes de gasolina
y maquinaria.
Este hombre se enfrenta a los cargos de concierto para delinquir agravado,
por ser miembro de las Fuerzas Militares, y cohecho propio, por ser servidor público.
El mismo destino tuvo Sergio Andrés Lobelo Vega, subteniente de la Armada
Nacional y perteneciente al mismo Batallón de Villegas.
Según la Fiscalía este oficial concertaba con otros miembros de la Armada
el paso del combustible no solo al interior del país, sino que también daba luz
verde para el tráfico desde Ecuador, estableciendo una cuota o peaje por cada
bote que pasaba a la costa Pacífica colombiana.
La investigación, que tomó varios meses de actividades de inteligencia,
permitió establecer que en la organización criminal también estarían vinculadas
cinco empresas que al parecer funcionarían como fachadas al servicio de la
minería ilegal.
Dentro de los allanamientos realizados a la sede de una de esas empresas,
que operaba en un local del centro comercial Holguines Trade Center, de Cali,
el CTI encontró contabilidad relacionada con el negocio de la minería ilegal.
La Fiscalía sostiene que en el caso estaría implicado Jose Didier Cadavid,
propietario de la firma Didier Mineros, y quien según el ente investigador se
encuentra huyendo de las autoridades.
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